La emergencia sanitaria y económica que ha desatado el Covid-19 desde su llegada a España, tal y como ha sucedido con muchos otros países, ha afectado gravemente al sector inmobiliario, que ha estado meses sin realizar ejecuciones hipotecarias.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente un análisis, a través del cual se demuestra que, entre los pasados meses de abril y junio, no se llegó a producir ni un sólo tipo de embargo a causa de la pandemia por coronavirus y las medidas excepcionales que el Gobierno llevó a cabo para evitar que la crisis económica se extendiera más todavía.
Aplicación de un nuevo marco legal desde la llegada del coronavirus
El marco legal es muy tajante respecto a este sentido, ya que como podemos observar en el Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo, en el artículo 7 del mismo queda tajantemente claro que se pondrán en marcha medidas extraordinarias con el objetivo de aplazar la moratoria de la deuda hipotecaria durante el estado de alarma.
En el siguiente artículo del Real Decreto, podemos observar que el ámbito de aplicación de dicha moratoria se pondrá en marcha una vez concurran en el deudor todos los requisitos pertinentes establecidos dentro del artículo 16 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo.
Es decir, la moratoria se aplicará siempre y cuando el usuario destine un porcentaje superior al 35% de sus ingresos para hacer frente al pago de la vivienda, haciéndose cargo a su vez de suministros básicos como el pago de la luz o el gas, que se haya quedado en paro a causa de la situación por la pandemia, o en su defecto, que la renta del hogar no supere, en el mes antes de realizar dicha solicitud, el límite de tres el veces el Iprem, lo que supone unos 1.600 euros en total.
No obstante, hemos de saber que este tipo de condicionantes solo funcionan en el caso de que se trate de una primera vivienda, ya que en el caso de las fincas, si que se han llevado a cabo numerosas ejecuciones. De esta manera, el número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias que se han puesto en marcha dentro de los registros de la propiedad, ha llegado a alcanzar hasta a 5.534 fincas a lo largo del país. Esto supone una bajada que ronda casi el 48% si comparamos los datos con los del trimestre anterior, y que en caso de la tasa interanual aumenta hasta casi alcanzar el 67%.
Si incluimos los datos de todas las viviendas en general, incluyendo también las propiedades pertenecientes a personas jurídicas, podremos observar cómo los embargos han descendido en un 47,5% en relación al primer trimestre, cifra que aumenta en un 64,3% en el caso interanual.
Por lo tanto, y siguiendo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, a lo largo del segundo trimestre las únicas ejecuciones que aumentaron en número fueron todas las relativas a otras viviendas de personas físicas, aquellas que no se pueden considerar ni de primera ni de segunda vivienda. En total, se han realizado 1.140 procesos, con un crecimiento trimestral de un 113,4% y uno anual del 75,4%.
